Certezas, sesgos y amenazas

PÁVEL GÓMEZ

Una de las noticias económicas más impactantes del fin de año fue la firma del memorándum de entendimiento entre Codelco y SQM, el 27 de diciembre pasado. Los principales objetivos de este acuerdo son explotar y comercializar litio y otras sustancias minerales, asegurando la continuidad operacional y la eficiencia productiva, así como fomentar la innovación y proteger la operación de influencias políticas fluctuantes.

Destaca el esfuerzo por diseñar lineamientos de gobierno corporativo que alineen incentivos virtuosos, para equilibrar la disposición a invertir de los privados, el control y decisiones orientadas a optimizar la eficiencia operativa, la captura de rentas por parte del fisco y el desarrollo de tecnologías ambientalmente amigables.

“El sesgo estatista suele ocultar las bondades de combinar la iniciativa privada con un marco regulatorio que calibre incentivos y propósitos, bajo un esquema de ajustes incrementales”.

Considerando lo anterior, hay algunos elementos de riesgos y desafíos que son importantes destacar. El primero es que hay una diferencia relevante entre los dos períodos regulatorios definidos en el memorándum. Entre 2025 y 2030, el directorio estará equitativamente compuesto por miembros designados por Codelco y SQM, sin voto dirimente, asegurando una gestión equilibrada y protegida de influencias políticas directas.

Sin embargo, entre 2031 y 2060, Codelco tendrá la mayoría en el directorio y en los votos de las juntas de accionistas, lo cual puede cambiar la dinámica de toma de decisiones. Aunque se anuncia la posibilidad de otorgar cierto poder de veto a SQM, la dominancia de Codelco implica riesgos relevantes sobre la disposición a invertir de los privados, el control de la eficiencia operativa y la captura de rentas por parte de intereses distintos a los accionistas y otros stakeholders con legitimidad socialmente compartida.

En el diseño de gobernanza del segundo período parece primar un sesgo que suele traer más problemas que beneficios: suponer que la vía más expedita para desarrollar industrias sostenibles, con visión de largo plazo, es el control directo por parte del Estado. Este sesgo suele ocultar las bondades de combinar la iniciativa privada con un marco regulatorio que calibre incentivos y propósitos, bajo un esquema de ajustes incrementales. Es políticamente más sencillo ajustar el diseño regulatorio de los privados, que reducir la captura de rentas al amparo de la difusa propiedad pública.

El segundo desafío clave es sobre justicia o equidad procedimental en la relación con stakeholders que poseen poderes de veto no formales. La explotación del litio tiene dolientes relevantes, tales como las comunidades indígenas y actores “dolientes” del agua. La historia muestra que conflictos con actores, que pueden parecer pequeños o marginales, pueden derivar en poderosas coaliciones que logran vetos exitosos.

El cuidado de las formas y procedimientos, la escucha efectiva, la inclusión en decisiones relevantes y la construcción de propósitos colectivos, suelen ser más conducentes a equilibrios sostenibles que la tradicional visión transaccional y oportunista frente a comunidades y activistas.